Un mercado único de crowdfunding europeo

Leo con preocupación que la Unión Europea planea crear un mercado único de crowdfunding, pero antes ha lanzado una encuesta cuyo objetivo es “es recopilar datos sobre las necesidades de quienes participan en este mercado e identificar las áreas en las que la acción comunitaria puede favorecer su crecimiento, ya sea mediante ‘medidas suaves’ o legislando“. Y es que según el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier: “el crowdfunding tiene el potencial para reducir el déficit de financiación que afrontan muchas startups y para estimular el emprendimiento“.

Esta noticia es preocupante porque deja entrever de alguna forma la intención de las políticas europeas de ir dejando cada vez más la financiación pública en un segundo plano. Ya intuimos algo de todo esto cuando el Louvre recurrió al crowdfunding para restaurar la Victoria de Samotracia, pero ni siquiera se acercaba a lo que parece apuntar ahora la Unión Europea, que parece ser suplir de alguna forma la escasez de financiación bancaria y capital riesgo mediante la regulación de un mercado de crowdfunding a nivel europeo (tal y como se menciona expresamente en este documento). Una idea que ya se ha ampliado a la financiación de proyectos científicos y de I+D+i. En nuestro país, de la mano de FECYT, la plataforma Taracea busca apoyo privado para proyectos de divulgación e innovación científica. La pregunta es obligada: ¿dónde van nuestros impuestos entonces?

Si bien es cierto que la microfinanciación puede ser una herramienta muy útil para financiar otro tipo de proyectos que no tienen cabida en los canales tradicionales, también nos encontramos en una situación en la que, por una parte los proyectos financiados mediante crowdfunding no son siempre los mejores, sino los más visibles; y por otra parte las instituciones públicas podrían hacer uso de esta herramienta vendiendo como democratización un proceso que esconde una cierta dejadez de funciones. La microfinanciación no puede ocupar un papel preponderante en la economía de un país y mucho menos en la financiación de cuestiones que corresponden al Estado, como la educación o la investigación.

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